Guia sobre estrategias de Responsabilidad Social Corporativa y discapacidad para las administraciones y resto del sector publico: 17 (Inclusión y Diversidad)

Reseña del editor
Esta Guía ofrece pautas y orientaciones para incorporar la dimensión de la discapacidad de forma inclusiva en las Administraciones Públicas y resto del sector público. La vinculación de las Administraciones Públicas con la Responsabilidad Social Corporativa se puede concebir desde una doble perspectiva, la promoción y difusión entre las empresas de la responsabilidad social, fundamentalmente a través de la combinación de una serie de normas de intervención y de estímulo, o bien la aplicación interna de estrategias de Responsabilidad Social en las propias estructuras públicas de gestión Aunque pueda parecer redundante para las Administraciones Públicas, que tienen en su propia razón de ser gestionar el bien común, pueden actuar de manera sostenible con sus grupos de interés. De entre todos ellos, las personas con discapaci­dad son un sector diana más que relevante, pues representa el 9 % de la población española, y además lo son desde un enfoque múltiple: como empleadas y empleados, como personas usuarias de los servicios, como ciudadanas y ciudadanos, como proveedoras y proveedo­res, etc., y como tal deberían ser tenidos en cuenta, más allá del cumplimiento legal exigi­ble en todo caso y, siempre, con carácter previo. Uno de los principales retos de las Administraciones Públicas, en general, es responder a la pérdida de confianza y desafección de las ciudadanas y los ciudadanos hacia las institucio­nes públicas. La aplicación adecuada de políticas y prácticas socialmente responsables es clave para activar el enorme potencial de regeneración de la confianza en las instituciones y Administraciones Públicas, prácticas que son demandadas por la ciudadanía, ya que en tiempos de ajustes del gasto público crece la exigencia de austeridad, transparencia y efi­ciencia de este gasto. Sin entrar en las causas de esa desconfianza, con esta publicación el CERMI pone a disposición de las Administraciones y resto del sector público una herramienta que sirve como punto de partida para integrar, en sus políticas y procedimientos, medidas en favor de la igualdad de oportunidades e inclusión de las mujeres y hombres con discapacidad y con ello conseguir mejorar la reputación y recuperar la confianza ciudadana. En la realización de esta Guía, se ha contado con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del marco de ayudas de la Dirección General del Trabajo Autónomo, la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas.
Contraportada
Esta Guía ofrece pautas y orientaciones para incorporar la dimensión de la discapacidad de forma inclusiva en las Administraciones Públicas y resto del sector público. La vinculación de las Administraciones Públicas con la Responsabilidad Social Corporativa se puede concebir desde una doble perspectiva, la promoción y difusión entre las empresas de la responsabilidad social, fundamentalmente a través de la combinación de una serie de normas de intervención y de estímulo, o bien la aplicación interna de estrategias de Responsabilidad Social en las propias estructuras públicas de gestión Aunque pueda parecer redundante para las Administraciones Públicas, que tienen en su propia razón de ser gestionar el bien común, pueden actuar de manera sostenible con sus grupos de interés. De entre todos ellos, las personas con discapaci­dad son un sector diana más que relevante, pues representa el 9 % de la población española, y además lo son desde un enfoque múltiple: como empleadas y empleados, como personas usuarias de los servicios, como ciudadanas y ciudadanos, como proveedoras y proveedo­res, etc., y como tal deberían ser tenidos en cuenta, más allá del cumplimiento legal exigi­ble en todo caso y, siempre, con carácter previo. Uno de los principales retos de las Administraciones Públicas, en general, es responder a la pérdida de confianza y desafección de las ciudadanas y los ciudadanos hacia las institucio­nes públicas. La aplicación adecuada de políticas y pr